lunes, 7 de julio de 2014

UGT y CCOO reclaman al ministro de Justicia que actúe para evitar que ningún trabajador entre en prisión por ejercer el derecho fundamental de huelga


Los Secretarios Generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, se ha reunido esta mañana con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, con motivo de la campaña que desarrollan ambas organizaciones sindicales frente a la ofensiva penal contra el derecho de huelga y la libertad sindical.


Para UGT y CCOO se está aplicando una restricción desproporcionada del ejercicio de este derecho, que durante más de 35 años se ha venido ejerciendo de manera democrática y constitucional por parte de los trabajadores de este país y que se ha caracterizado en todo momento por la ausencia de violencia.

Durante la reunión, que se ha celebrado a petición de los sindicatos, Toxo y Méndez han trasladado al ministro su preocupación por la deriva autoritaria que han tomado las actuaciones de los poderes públicos contra el derecho de huelga, y su inquietud por lo que parece una acción concertada por parte de la Fiscalía apelando al artículo 315.3 del Código Penal –una norma que existe desde 1995 y no se había utilizado hasta ahora-.

Además, han demandado que el Ministerio actúe para evitar que ningún trabajador y/o sindicalista entre en prisión por desarrollar la actividad sindical y han solicitado el indulto para los 3 casos en los que ya hay sentencia firme con orden de ingreso en prisión y han planteado la necesidad de que se actúe con ponderación para evitar la entrada en prisión de estas seis personas.
A lo largo de la reunión se ha planteado la necesidad de revisar el contenido de la propuesta de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y se ha hablado también de la reforma del Código Penal -concretamente del artículo 315.3.

Gallardón se compromete a estudiar las tres peticiones de indulto en los casos de sentencia firme con orden de ingreso en prisión

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha subrayado que UGT y CCOO han realizado tres peticiones de indultos de sentencias con tres años y un día de prisión de delitos contra los derechos de los trabajadores que se han producido en distintos juzgados de lo Penal de Vigo, Pontevedra y Granada.

Gallardón ha manifestado que los Secretarios Generales de ambos sindicatos han mostrado su preocupación por los efectos de la estricta aplicación del artículo 315.3 del Código Penal y han solicitado una consideración del derecho de gracia.

Alberto Ruiz Gallardón ha señalado que de los tres asuntos, el de Granada aún no ha tenido entrada en el Ministerio, el de Pontevedra ha tenido entrada y –tal y como establece el procedimiento- se ha remitido a solicitud de informe tanto de la Sala Sentenciadora como del Ministerio Fiscal y del tercero, el de Vigo, tuvo entrada en el Ministerio que ya tiene los informes y a partir de este momento, se iniciará el estudio del expediente cuya tramitación puede variar entre el mes y los tres meses.

Gallardón ha explicado que el derecho de gracia exige el estudio individual y pormenorizado de cada caso para ver si se aprecian las razones que, en su caso, pueden llevar al Gobierno a entender que la aplicación estricta de la Ley puede haber producido una situación de desproporción y si es así, es cuando el Gobierno opta por un indulto que puede ser total o parcial.


El ministro ha subrayado además que no existe una instrucción por parte de la Fiscalía y que las actuaciones de jueces y fiscales es fruto de sus propias decisiones porque tampoco existe jurisprudencia al respecto.

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