El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha afirmado que aunque hay casi 300 sindicalistas sometidos a un proceso judicial por ejercer su derecho a la huelga, algunos amenazados con prisión, “es toda la clase trabajadora de nuestro país la que está amenazada” y ha remarcado que la huelga en España es un derecho fundamental reconocido por nuestra Constitución y que tratar de amputar el ejercicio de este derecho no solo afecta a la libertad sindical, sino al propio contenido de la Constitución Española. Una Constitución que el Gobierno está reformando, por la vía de los hechos, en términos muy regresivos, pues se están recortando derechos civiles fundamentales.
Méndez ha hecho estas declaraciones en la concentración conjunta, que ha tenido lugar en Madrid, para protestar por la ofensiva penal contra el derecho de huelga y la actividad sindical y en el que han participado, entre otros, el presidente de la Confederación Sindical Internacional, Joao Antonio Felicio, los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, los responsables de ambos sindicatos en Madrid, José Ricardo Martínez y Jaime Cedrún, y las secretarias generales de UGT en Cantabria, Mª Jesús Cedrún, y de CCOO en Baleares, Katia Vicenç, ambas imputadas.
El Secretario General de UGT ha denunciado que se está dando prioridad a un párrafo del Código Penal sobre la Constitución Española y que es el propio Tribunal Constitucional el que entiende que la huelga es una situación de conflicto en la que se pueden producir tensiones y como tal hay que ponderarlo, preservando el ejercicio del derecho a la huelga.
Para Méndez lo urgente es tratar de paralizar las amenazas de prisión inminente que hay en la actualidad por lo que los sindicatos se reunirán con el ministro de Justicia y las instancias de la Administración precisas.
Por último, ha advertido que se está aprovechando la crisis para recortar derechos y ha recordado que la recuperación sólo se quedará en titulares y en cifras macroeconómicas pero no llegará a la realidad de las personas, si se aplica el artículo 135 de la Constitución que fue modificado con “agostidad, porque se hizo en agosto, y alevosía” y que obliga a priorizar el pago de la deuda (en 2007 había 8.400 euros per cápita de deuda, atribuible a cada español, hoy la cifra es de 21.000 euros). “Cómo piensan cuadrar esto con la defensa de los servicios públicos, con las necesidades reales de la recuperación”- se ha preguntado.
Por su parte, la Secretaria General de UGT Cantabria, Mª Jesús Cedrún, ha defendido la lucha sindical porque “los derechos nunca fueron regalados siempre fueron conquistados y en la conquista de esos derechos y en la reconquista de lo que hemos perdido es en lo que tenemos que seguir unidos”.
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