“No nos van a callar”

Los Secretarios Generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, han presentado en el día de hoy la campaña “No nos van a callar”, contra la ofensiva penal contra el derecho fundamental de huelga y los procesos contra cientos de sindicalistas en el ejercicio de este derecho.

En concreto, se han recopilado 81 expedientes que afectan a más de 260 trabajadores, “unos con sanciones administrativas y otros a los que se les piden penas mínimas de 3 años y un día”, según ha señalado Cándido Méndez.

En este sentido, ha considerado que con estos procedimientos “se aplica una restricción desproporcionada del ejercicio del derecho de huelga y se abren a personas por su representación sindical, no porque se acredita su participación en los hechos denunciados”.

“Se ha creado una dinámica de criminalización de la acción sindical con el fin de desalentar a los trabajadores de la promoción de movilizaciones y propiciar la transmisión de una proyección pública del derecho de huelga como si fuese una práctica delictiva”.

Pero en España “el ejercicio del derecho a huelga se caracteriza durante los últimos 35 años por la ausencia de violencia, pero en una huelga se pone en evidencia un escenario de conflicto donde siempre puede haber cierta tensión, como ha manifestado ya el Tribunal Constitucional. Pero la Fiscalía no ha contemplado este hecho y ha producido un desequilibrio a favor del Código Penal y en perjuicio de los trabajadores y del derecho fundamental de huelga, amparado por la Constitución”.

Por ello, “nos hemos dirigido ya al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía, para cambiar la normativa en el Código Penal” con el fin de reponer derechos que se están socavando, como el derecho de huelga y libertad sindical, y “también al Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y remitiremos denuncias ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT y ante el Comité de Derechos Sociales”.

Además, ambas organizaciones han convocado movilizaciones el 1 de julio en la Plaza de Callao de Madrid y el día 9 de julio en las diferentes provincias de nuestro país, para denunciar esta situación y defender el ejercicio constitucional del derecho a huelga.

Dar un papel mucho más activo a los salarios en la recuperación

Preguntado por los datos de la encuesta anual de estructura salarial publicada por el INE, Cándido Méndez ha manifestado que “las estadísticas reflejan el desplome que se ha producido en los salarios por una doble vía: la reducción de salarios y el aumento de la utilización del contrato a tiempo parcial en los últimos tiempos, que está provocando una mayor apertura de la brecha salarial entre hombres y mujeres”.

En este sentido, ha señalado que “hay dirigentes empresariales que reconocen que la bajada salarial es más intensa de lo que dicen las estadísticas”. Por ello, “como hay directa relación entre la recesión económica y el desplome de los salarios, debemos empezar, con urgencia, a apostar por la recuperación con un papel más activo del crecimiento de los salarios reales en nuestro país”.

Además, también influye “la práctica congelación del SMI en España, que tiene una cuantía pírrica en relación al SMI de Francia o al de Alemania. Esto hay que resolverlo y recuperar el horizonte de equiparar el SMI al 60% del salario medio, como dice la Carta Social Europea”.

Abrir cuanto antes un proceso de diálogo para rectificar la tributación de la indemnización por despido en la reforma fiscal

En cuanto a medida de tributación de la indemnización por despido, contenida en la reforma fiscal del Gobierno, “solo conocemos es una afirmación pública del Ministerio de Hacienda por la que manifiesta su predisposición de abrir un proceso de diálogo respecto a esta materia”.

“En la reunión que tuvimos con el ministro ya planteamos, desconociendo esta cuestión porque no nos la comunicaron, que cualquier tema que tuviera relación con la tributación de recursos económicos de carácter laboral (planes de pensiones o de empleo) debería abordarse en un proceso de diálogo con prontitud, porque estamos en fase de anteproyecto pero el Gobierno pretende, por lo que tengo entendido, aprobar en julio el proyecto de ley”.

Por lo tanto, “antes de que se apruebe, se debería abrir este proceso para rectificar esta doble penalización para los trabajadores, ya que bastante problema tienen con ser despedidos como para añadir ahora la penalización con el recorte, a través de IRPF, de esa cuantía indemnizatoria”.