Méndez y Toxo solicitan una reunión con Gallardón para evitar el ingreso en prisión de sindicalistas que han ejercido su derecho constitucional a la huelga

Los Secretarios Generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente, han solicitado hoy, por carta, una reunión con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para que dé una respuesta urgente y adopte las iniciativas legislativas necesarias que eviten el ingreso en prisión de las personas que han ejercido su derecho constitucional a la huelga, que no han intervenido en ningún acto violento, y que han sido condenadas, por algunas sentencias judiciales, a penas privativas de libertad, en algunos casos superiores a los tres años de prisión. Es preciso que se resuelvan las reclamaciones presentadas ante el Tribunal Constitucional y los organismos internacionales. Ambos sindicatos consideran que esta situación está cuestionando la propia legitimidad del Estado Social y Democrático de Derecho.  A continuación trasladamos el texto de la carta: Las Confederaciones sindicales de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores, por medio del presente escrito tenemos el honor de dirigirnos a Usted, en estos términos: En los últimos meses, ambas organizaciones sindicales hemos constatado con enorme preocupación la incoación de numerosos procedimientos penales contra trabajadores y cargos sindicales, derivados del ejercicio del derecho de huelga, para los cuales, desde la parte fiscal se solicitan, como regla general, penas privativas de libertad, cuando menos, excesivas y desproporcionadas, al amparo del art. 315.3 del Código Penal. Al margen de la ausencia de criterios uniformes en la interpretación de ese tipo penal, lo que ya hemos trasladado a la Fiscalía General del Estado, constatamos que es la propia norma penal la que genera una enorme distorsión en el ejercicio del derecho de huelga, cuando no pondera, para agravar la respuesta penal, la existencia de hechos violentos, sino el mero ejercicio del derecho de huelga. Esta situación ha generado sentencias judiciales que imponen penas privativas de libertad superiores a los tres años de prisión a personas que no han intervenido en ningún acto violento, y se han limitado a ejercer sus derechos constitucionales. Por contra, se constata la ausencia de aplicación de las normas penales que aseguran condiciones de trabajo dignas, a pesar de la enorme degradación de las condiciones de trabajo y el fraude en el cumplimiento de la legislación laboral. Es el propósito firme de las dos confederaciones sindicales instar la revisión de este marco sancionador, así como proponer cuantas actuaciones sean necesarias ante instancias constitucionales e internacionales para asegurar la libertad en el ejercicio de la actividad sindical. Es por ello que le emplazamos a que adopte las iniciativas legislativas que son necesarias para corregir esta situación, así como a que disponga las prevenciones oportunas para evitar el ingreso en prisión de estas personas, en tanto se resuelven las reclamaciones ante el Tribunal Constitucional y los Organismos Internacionales. Para tratar éstas cuestiones le pedimos una entrevista, al tiempo que le trasladamos la urgencia en dar una respuesta a una situación, que, en nuestra opinión, está cuestionando la propia legitimidad del Estado Social y Democrático de Derecho.