UGT considera que las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros para impulsar el crecimiento de la actividad y el empleo son en su mayor parte actuaciones ya aprobadas y comprometidas con anterioridad (tan solo la prórroga del Plan PIVE puede considerarse nueva y es bienvenida). Lo aprobado resulta, por tanto, insuficiente (no se refleja una estrategia integral coordinada y potente a la altura de las necesidades y los retos del país), y se han adoptado al margen del diálogo social. En materia laboral, el sindicato insta al Gobierno a que cambie su política y manifiesta que no es posible hablar de la modernización de los servicios de colocación si paralelamente se recortan los presupuestos de los Servicios Públicos de Empleo de manera unilateral. UGT además critica la intención de reducir el tipo del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas del 30% al 25%, porque merma la recaudación, aumenta la injusticia del sistema tributario, seguramente, implicará subidas en otros impuestos más regresivos Estas materias forman parte del diálogo social tripartito, comprometido por el Presidente del Gobierno en la Declaración del 18 de marzo.
Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros de hoy viernes 6 de junio, que supuestamente van dirigidas a impulsar el crecimiento de la actividad y el empleo, hay que valorarlas en el contexto global de la errática e ineficaz estrategia que está siguiendo el gobierno para sacar a España de la gravísima crisis que atravesamos, agravada por las políticas de austeridad y recortes a ultranza seguida desde 2010.
En este sentido, las medidas resultan muy decepcionantes.
No porque algunas de las medidas no sean, en principio (hay que analizar su concreción o desarrollo con detalle), positivas. Así sucede con aquellas destinadas a fomentar la dotación o difusión tecnológica en las actividades industriales, el I+D, o la eficiencia energética. Pero es que el Gobierno pretende hacer pasar por nuevo lo que en realidad ya está aprobado, y pretende hacer creer que está habilitando una importante dotación presupuestaria para tirar de la economía cuando en realidad nada de ello está asegurado.
De los fondos que deben sustentar esas medidas (los 6.300 millones de euros de los que se habla), prácticamente la mitad ya están comprometidos, porque son fondos europeos, y así figura en el Programa Nacional de Reformas. La otra mitad corresponde a la cofinanciación que exigen las condiciones de utilización de esos fondos europeos, de tal manera que, si no hay esa financiación de igual cuantía y complementaria, no se pueden utilizar los que aporta Europa. Es decir, que no hay apenas medidas nuevas, sino que se trata de la venta de actuaciones ya aprobadas y comprometidas con anterioridad.
Tan solo la prórroga del Plan PIVE puede considerarse “nueva” y supone una financiación extra, si bien era una medida ya descontada y anunciada. En todo caso, bienvenido sea, porque ha tenido un impacto muy positivo sobre las ventas de automóviles.
Algo parecido sucede con la habilitación de 4.600 millones de euros para préstamos a través del ICO y otras entidades, una vía que en el pasado se ha demostrado ineficaz en ausencia de otro tipo de medidas que aseguren la utilización y canalización de esos fondos hacia proyectos productivos viables de futuro.
En suma, todo lo aprobado resulta muy insuficiente, y no refleja una estrategia integral, coordinada y potente, a la altura de las necesidades y los retos del país. Vuelven a ser parches aislados, y como tales, ineficaces.
Hay que decir también que las medidas abordan cuestiones que deberían haberse tratado en el diálogo social con las organizaciones empresariales y sindicales, tal y como se comprometió el Gobierno en la declaración tripartita del 18 de marzo, tras el encuentro de los máximos dirigentes de estas organizaciones con el Presidente del Gobierno en La Moncloa. Y, al menos la Unión General de Trabajadores, no ha participado en una negociación sobre estas cuestiones. De hecho, el temario apuntado en esa declaración está prácticamente inédito (con excepción de la formación, que está siendo tratada en una mesa específica), y la aprobación de medidas de manera unilateral por parte del gobierno supone una pésima señal sobre las intenciones del gobierno respecto del cumplimiento de sus obligaciones en materia de diálogo social.
En materia laboral, es preciso que el Gobierno cambie su política. Desde 2010 los crecimientos del número de personas desempleadas no se han visto compensados por un aumento del gasto público en políticas activas, algo que venimos reclamando desde UGT. Por el contrario, la cuantía destinada a la promoción del empleo se ha visto reducida a la mitad durante el periodo de recesión. Sólo en el último ejercicio 2014, el presupuesto aprobado es superior al del año previo, pero incluyendo recortes preocupantes en las partidas de formación y recualificación, de oportunidades de empleo y formación y, muy especialmente, en la de modernización de Servicios Públicos de Empleo, que se reduce de 2013 a 2014 a la mitad. No es posible hablar de la modernización de los servicios de colocación si paralelamente recorta los presupuestos de los Servicios Públicos de Empleo de manera unilateral, como viene sucediendo.
Muy preocupante resulta también el anuncio por parte del Gobierno sobre su intención de reducir el tipo del Impuesto sobre Sociedades para las grandes empresas del 30% al 25%. Una medida que UGT considera muy negativa: primero, porque va a suponer una merma de recaudación en un momento en el que nuestro país necesita precisamente lo contrario, aumentar sus capacidades recaudatorias para afrontar el proceso de estabilización presupuestaria con éxito atendiendo las necesidades de gasto que tiene, que son muchas; segundo, porque aumenta la injusticia del sistema tributario, al reducir las aportaciones precisamente de aquellas empresa que ya son las que pagan en proporción menos, utilizando numerosos mecanismos contables y financieros para reducir su factura fiscal hasta cifras irrisorias dado su volumen de negocio y beneficios; tercero, porque ello seguramente implicará subidas en otros impuestos más regresivos, que pagarán las familias y empresas que peor lo están pasando con la crisis; y por último, porque la reforma fiscal debe ser objeto del diálogo social tripartito como se menciona expresamente en la mencionada Declaración del 18 de marzo, en la que se dice que “El Gobierno se ha comprometido a promover el dialogo con los agentes sociales en materia de reforma fiscal”. No es posible dialogar si las medidas ya están decididas unilateralmente.
La Unión General de Trabajadores apuesta por un diálogo social leal y con contenidos reales, con respeto escrupuloso a las normas y protocolos esenciales que implica un proceso de este tipo; pero el Gobierno debe actual con la misma lealtad y disposición. Es necesario que el gobierno reflexione sobre ello y actúe de forma coherente. UGT actuará en consecuencia.
Por último, hay una cuestión que cabe extraer de las intenciones declaradas por el Gobierno al adoptar las medidas aprobadas hoy -aunque, como hemos dicho, defrauden en su contenido-, que parecen ser relanzar la economía y el empleo y mejorar la inserción laboral. Si esto es así, es necesario que el consumo se reactive, o de otro modo las medidas de teórico impulso a la producción serán inútiles. Y para ello es imprescindible que los salarios se acomoden a esta nueva fase de tasas positivas de crecimiento y de mejoras de resultados de las empresas de muchos sectores y actividades, participando de esta mejora y ganando poder de compra. Esto es lo que la Unión General de Trabajadores trasladará en la negociación bipartita con las organizaciones empresariales, y el Gobierno debe ser consecuente con ello aumentando el salario de los empleados públicos.
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