Asambleas, concentraciones y
manifestaciones en todas las provincias en la defensa de unos derechos
fundamentales que están siendo criminalizados por el Gobierno del Partido
Popular y que recientemente se han puesto en entredicho también por el grupo de
empleadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
300 sindicalistas y trabajadores
procesados y, en algunos casos, condenados ya a 21 años, como los trabajadores
de Arcelor Mittal, por ejercer un derecho amparado por la Constitución en una
campaña del Ejecutivo de nuestro país por convertir un conflicto de orden
social y laboral en otro de orden público.
De hecho, “de los 85 encausados
que tiene la Unión General de Trabajadores, el 70% han sido enjuiciados con el
Código Penal en mano, cuando antes solo hubieran sido sancionados
administrativamente”, señaló Cándido Méndez durante la presentación de los
actos y del manifiesto el pasado 9 de febrero.
Por ello, UGT y CCOO llaman a la
población de nuestro país a rechazar el próximo 18 de febrero la imposición del
artículo 315.3 del Código Penal, que “prioriza la facultad de no ir a la huelga
sobre el derecho fundamental y constitucional de ejercerla”, exigir su
derogación y la retirada de la modificación del Proyecto de Ley de Seguridad
Ciudadana, que puede provocar, de aprobarse en estos términos, un impacto muy
negativo en los derechos fundamentales tanto individuales como colectivos.
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