jueves, 15 de mayo de 2014

La recuperación no será efectiva si los ciudadanos no recuperan poder adquisitivo

El incremento de los precios en abril, derivado de la Semana Santa, que sitúan la tasa anual en el 0,4%, cinco décimas más que en marzo, no despeja la gravedad de la situación de nuestra economía. La demanda interna, principal pilar de nuestra economía, se ha ralentizado enormemente por la continua pérdida de poder adquisitivo de salarios pensiones y prestaciones y por una política económica que ha situado la tasa de riesgo de pobreza en nuestro país en el 21,6% en 2013. Por ello, UGT exige una política económica distinta, basada en el empleo de calidad y en la mejora del poder adquisitivo de los salarios. El sindicato destaca el importante papel de la negociación colectiva, pues a pesar de que está debilitada por la reforma laboral, ha permitido amortiguar la pérdida de poder adquisitivo de 6.618.200 trabajadores (así, los convenios con efectos económicos en 2014, registrados hasta abril de este año, tienen un incremento salarial medio del 0,57%). Por otra parte, en un escenario de baja inflación, como el actual, es necesaria una actuación decidida por parte del Banco Central Europeo para hacer frente a los riesgos que esta situación supone para la recuperación económica y el empleo.

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios de Consumo (IPC) situó su tasa de variación anual en el mes de abril de 2014 en el 0,4%, cinco décimas por encima de la registrada en el mes anterior. Este incremento ha venido provocada por la confluencia del comportamiento de distintos grupos: el grupo de Vivienda, dados los precios de la electricidad que este año se mantienen frente a la caída del año anterior; el grupo de Transporte, debido a la subida de los precios de los carburantes y lubricantes, que disminuyeron en abril de 2013; el grupo de Ocio y cultura, debido a que los precios del viaje organizado han aumentado este mes por la Semana Santa; el grupo de Hoteles, cafés y restaurantes, como consecuencia del aumento de los precios de los hoteles y otros alojamientos, superior al reflejado el año pasado; y el grupo de Comunicaciones, debido a la menor caída de los precios de los servicios telefónicos.

La inflación subyacente, que mide la variación general de precios descontando los alimentos no elaborados y los productos energéticos, aumenta hasta el 0,3%, una décima por debajo del IPC general.
Por su parte, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), la tasa de variación anual se ha situado en el 0,3%, cinco décimas más que en el mes de marzo. Mientras, la tasa de variación interanual del IPCA de la Zona Euro aumenta dos décimas hasta situarse en el 0,7%. De este modo, la brecha entre el IPCA de España y el de la Zona Euro alcanza los cuatro puntos porcentuales, con lo que los productos españoles siguen ganando competitividad vía precios.

Conclusiones

Los últimos datos conocidos en la mañana de hoy, relativos al Índice de Precios de Consumo del mes de mayo, nos sitúan en un escenario económico extremadamente grave, en el que al ínfimo crecimiento de la actividad económica y al elevado nivel de desempleo que venimos arrastrando desde que comenzó la crisis económica, se une ahora un riesgo derivado de un exiguo crecimiento de los precios, con las consecuencias perjudiciales que de ello se deriva para cualquier economía, tanto en términos de actividad económica y financiera, como en términos de empleo.

Conviene recordar que la situación de los precios en nuestro país es el resultado de las políticas económicas impuestas en nuestro país desde mayo del año 2010. Los desmedidos ajustes en los estados de gastos de los presupuestos, así como las sucesivas reformas laborales y de la negociación colectiva, que han provocado un empobrecimiento significativo de los trabajadores, tanto en términos de derechos como de salarios (tanto en términos reales como nominales), además de reformas como la de las pensiones, ha generado que la demanda interna, principal pilar de nuestra economía, se haya ralentizado enormemente. La recuperación de la demanda nacional vía consumo privado de las familias requiere de una disponibilidad de rentas que hoy no existe en nuestro país, dada la continua pérdida de poder adquisitivo de salarios, pensiones y prestaciones. Pero es que además hay ya casi dos millones de hogares con todos sus miembros en paro y más de 700.000 sin ningún tipo de ingresos.

Si este escenario de rentas se enmarca en el escenario del mercado de trabajo, con un deterioro constante de la calidad del empleo, en el que continua la destrucción de empleo (este año ha comenzado con 184.600 empleos menos que el trimestre anterior), la ocupación se sitúa en mínimos históricos al igual que la tasa de empleo (55,45%) y el paro alcanza ya el 26%, la situación se complica aún más, y tiene peores consecuencias en la decisiones de consumo de las familias españolas. Y más teniendo en cuenta las terribles secuelas que han causado las políticas de austeridad en forma de desigualdades económicas y sociales, en términos de pobreza y de exclusión social, situaciones cada vez más extendidas: la tasa de riesgo de pobreza se situó en 2013 en el 21,6% de la población residente en España, y aumenta un punto más entre la población de 16 a 64 años, es decir, la que está en edad de trabajar.

Pero lo peor es que el Gobierno no parece ser consciente del descalabro de nuestra economía, y en su estrategia fiscal incluida en la Actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017 presentado el pasado 30 de abril, prevé una caída del gasto público del 1,3% en 2014 y del 1,9% en 2015, derivado del recorte de los gastos destinados a la prestación de servicios y prestaciones sociales básicas. Entre otros, se incluye una caída del gasto destinado a la atención a la dependencia del 48,6%, una nueva pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, tanto contributivas como asistenciales, dada que la revalorización prevista es del 0,25% en un escenario previsto por el propio Gobierno de aumento de precios (del 0,5% en 2014 y del 0,8% en 2015), el recorte de la remuneración de los asalariados públicos del 1,7%, y la reducción del gasto en prestaciones por desempleo de 6.000 millones hasta 2017.

En este contexto, y a pesar de los incesantes ataques de los que está siendo objeto, la negociación colectiva continúa siendo uno de los más valiosos instrumentos con los que cuentan los trabajadores para defender sus derechos y sus salarios. Gracias a la negociación colectiva, los convenios con efectos económicos en 2014 registrados en lo que va de año (hasta el mes de abril, último dato disponible) tienen un incremento salarial medio del 0,57%, subida salarial que se traduce en el 0,43% en los convenios de empresa y en el 0,58% en los convenios de ámbito superior a la empresa. Es decir, la negociación colectiva ha permitido amortiguar la pérdida de poder adquisitivo de 6.618.200 trabajadores cubiertos por estos convenios colectivos.

En todo caso, dado que desde UGT consideramos que la política económica y laboral que se viene siguiendo en los últimos años en nuestro país está detrás del agravamiento de la crisis económica y suponen un lastre para la efectiva recuperación, exigimos un cambio radical. Porque la recuperación pasa obligatoriamente por la mejora del poder adquisitivo de los salarios, la generación de empleo de calidad y por la recuperación de los derechos laborales perdidos. Sólo a través de la dinamización del consumo y de la inversión –y por tanto de la demanda interna- podremos empezar a pensar en un verdadero final de crisis, que se iniciará sólo a través de las mejoras de los salarios en términos reales y la generación de empleos de calidad.

Por último, conviene recordar la necesidad de una actuación decidida por parte del Banco Central Europeo en un escenario de baja inflación como en el que nos encontramos, para hacer frente a los riesgos que esta situación supone, así como la importancia de una política económica europea que abandone la austeridad y el ajuste fiscal indiscriminado, y que apueste decididamente por el implementar políticas de estímulo que favorezcan el crecimiento y el empleo. Así, frente a la estrategia de la austeridad y los recortes, UGT apuesta por una política centrada en las personas y el empleo, con una salida más equilibrada y más justa de la crisis y con reformas de calado para hacer la economía española más competitiva y más sostenible a largo plazo, basada en la mejora de la productividad y el valor añadido, la generación de empleo de calidad y el fortalecimiento de nuestro Estado de bienestar.

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