El proyecto de Orden ministerial presentado por el Gobierno el 28 de julio de 2014 para regular procedimientos especiales para el desarrollo y aplicación de lo previsto en el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, no es más que un nuevo recorte en el Sistema Nacional de Salud por la vía de excluir del sistema numerosos colectivos que hasta ahora estaban protegidos.
UGT rechaza estar orden porque rompe la universalidad, la solidaridad, la equidad y el derecho a cobertura del sistema y apuesta por un modelo que consolida la exclusión de colectivos como los inmigrantes en situación irregular o los españoles mayores de 26 años sin cotización mientras que dificulta el acceso a la sanidad de otros grupos como las personas con discapacidad, algo que es contrario tanto a la Carta Social Europea como a la Ley de Salud Pública de 2011.
Además, el sindicato considera que estas modificaciones retrotraen el sistema sanitario a un modelo de aseguramiento similar al vigente en los años setenta y principios de los ochenta, antes de la aprobación de la Ley General de Sanidad de 1986. De esta manera, la sanidad deja de ser pública, universal y, a pesar de ser financiada por los impuestos de la ciudadanía, deja de ser gratuita en el momento de su uso y se convierte en una sanidad para asegurados y beneficencia.
El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien afirmó hace poco que, tras estas reformas, “la sanidad es más universal que antes”, y su equipo, en otro intento desesperado por engañar a la ciudadanía, siguen diciendo una cosa y haciendo lo contrario.
El sindicato recuerda que el Gobierno ha puesto, además, obstáculos económicos para acceder a las prestaciones farmacéuticas y ha impuesto el pago a los pensionistas. Todo ello frena el ejercicio en la práctica del derecho a la protección de la salud para millones de españoles.
El Ejecutivo se escuda en “garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”, para tomar decisiones que están provocando un importante retroceso en la cobertura sanitaria pública cuando el objetivo real de estas medidas es un cambio de modelo sanitario con la excusa del ahorro indiscriminado e injusto a través de los recortes y el deterioro, desmantelamiento y privatización del sistema, convirtiendo la sanidad pública, universal y gratuita para todos los ciudadanos, en una sanidad para asegurados y una sanidad de beneficencia.
El Gobierno del Partido Popular ha cambiado el modelo y la sanidad se considera ahora un privilegio, eliminando el derecho a la prestación sanitaria por ser persona o ciudadano y transformándolo en asegurado o beneficiario, estableciendo un sistema sanitario excluyente.
En este sentido, se fragmenta la cartera de servicios, se destruye empleo en el sector, se cierran centros y servicios y se instauran los copagos, medidas que hacen que nos alejemos aún más de la media de la OCDE.
No es el gasto sanitario el que pone en riesgo la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, como indica la Orden, ya que los datos de Eurostat demuestran que nuestro país está entre los que menos invierten en sanidad por habitante en Europa, hasta los 1463 euros anuales (631 euros menos por habitante que la media de los 17 países de la zona euro). Además, respecto al porcentaje del PIB destinado a Sanidad, España destina el 6,3%, quedándose a 1,1% por debajo de la media de la Eurozona (7,4%), un punto por debajo de la media de los 27 (7,3%), dos puntos por debajo de Francia ó 0,7 puntos por debajo de Alemania. Pero, a pesar de ello, el Gobierno continúa recortando el presupuesto para Sanidad año a año.
La sanidad española no es solo una de las más baratas, sino también de las más eficaces. A pesar de tener uno de los gastos por habitante más bajos, siempre hemos tenido una de las carteras de servicios más amplias del mundo con cobertura universal. Pero el Ejecutivo actual está disminuyendo la cobertura a pasos agigantados, acentuando la exclusión de gran parte de la población de este país.
UGT considera que el Gobierno debe retirar esta orden cuya finalidad es, en principio, la implantación y regulación de procedimientos especiales en materia de reconocimiento y control de asistencia sanitaria, para determinados colectivos específicos con cobertura sanitaria porque no contempla todas las situaciones especiales.
La falta de una regulación para estos colectivos especiales, que incluya la asistencia completa (incluida la farmacéutica y especializada) y continuada, entre otras, en el caso de las enfermedades crónicas, o la existencia de una historia médica, que sea conocida por todos los centros en que son atendidas estas personas, puede y de hecho, así ha sido, ocasionar graves daños a la salud o la pérdida de la vida.
Es necesario regular un procedimiento para determinar, a nivel nacional, los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España, que tienen derecho a recibir asistencia sanitaria en las modalidades establecidas en el artículo 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
La ausencia de un procedimiento supone una falta de control de estos ciudadanos extranjeros, respecto al número de potenciales usuarios de la asistencia sanitaria limitada (modalidad de urgencia por enfermedad grave o accidente), y, lo que es más preocupante, provoca el desconocimiento del número y la identidad de los extranjeros menores de edad y las extranjeras embarazadas; que, en todos los casos, deben de recibir el tratamiento asistencial establecido por la Organización Mundial de la Salud.
El conocimiento de estas situaciones, a nivel nacional, podría evitar casos de desprotección de estos ciudadanos, problemas de Salud Pública y fraude a la Seguridad Social.
Para UGT, merece especial atención el procedimiento especial para obtener la condición de asegurado de la asistencia sanitaria, de las personas con discapacidad ya que supone, una clara discriminación respecto a la regulación de otras situaciones. El sindicato subraya que no parece lógico que se deba de presentar una nueva solicitud para acreditar la situación de discapacidad ante el mismo organismo que la concedió dilatando excesivamente el procedimiento.
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