Este año se cumplen diez
años desde la aprobación de la Ley 13/2005 que modificó el Código Civil
permitiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo. UGT recuerda que aún
subsisten desigualdades y discriminaciones, y reclama la aprobación de una ley integral
para la igualdad de trato y de oportunidades y la no discriminación, que
proteja a todas las personas con independencia de sus circunstancias personales
y/o sociales, y garantice su igualdad tanto en el ámbito público como en el
privado.
El sindicato subraya la
necesidad de actuar en los centros de trabajo mediante una acción sindical
inclusiva y la introducción de cláusulas específicas en los convenios
colectivos, destinadas a combatir la lgtbfobia, erradicar conductas
discriminatorias, y garantizar la equiparación de las condiciones
laborales.
Además, destaca que uno de
los ejes básicos para luchar contra la discriminación, es educar en igualdad.
Abordar la sexualidad en las aulas y visibilizar las distintas opciones
sexuales para lograr una sociedad de iguales, es un objetivo que debe formar
parte del sistema educativo porque los niños y niñas de hoy serán la sociedad
de mañana.
A partir de ese momento se equipararon todas las parejas,
independientemente del sexo, en una misma figura jurídica, el matrimonio, y en
consecuencia, otros derechos como la adopción conjunta, los permisos laborales,
la herencia o el derecho a la pensión de viudedad.
La aprobación de la ley de matrimonio entre parejas de un
mismo sexo supuso el triunfo de la igualdad y un paso decisivo hacia la
eliminación de este tipo de discriminación, pero subsisten desigualdades y
discriminaciones en otras esferas, entre ellas en el ámbito laboral.
Para UGT, la defensa del derecho a la igualdad de trato de
todas las personas LGTB, el fomento de la igualdad de oportunidades y no
discriminación por motivo de la orientación sexual de los trabajadores y las
trabajadoras es una prioridad.
Y para ello, es fundamental actuar en los centros de trabajo
para combatir la lgtbfobia y erradicar conductas discriminatorias, tanto
directas como indirectas por parte de compañeros o del personal de dirección,
pero el Estado no debe eludir su responsabilidad y debe garantizar la igualdad
a través de una norma integral que ampare e introduzca los mecanismos
necesarios para impedir situaciones discriminatorias basadas en motivos
personas o sociales.
El sindicato considera que el instrumento adecuado para ello
sería la aprobación de una ley integral para la igualdad de trato y de
oportunidades y la no discriminación, que proteja a todas las personas con
independencia de sus circunstancias personales y/o sociales, y garantice su
igualdad tanto en el ámbito público como en el privado.
La Unión General de Trabajadores defiende la dignidad de
todas las personas trabajadoras mediante una acción sindical inclusiva en los
centros de trabajo para detectar y atajar situaciones donde los trabajadores y
trabajadoras son o puedan ser víctimas de acoso y/o mobbing, o ser despedidos
por motivo de orientación sexual.
Con una reforma laboral que ha significado una pérdida de
poder de la negociación colectiva, y el riesgo que eso conlleva de pérdida de
derechos de las personas trabajadoras, hoy más que nunca deben fomentarse las
políticas como la igualdad de trato y de oportunidades, mediante la
introducción de cláusulas específicas en los convenios colectivos que garanticen
la equiparación de las condiciones laborales.
Alcanzar la igualdad real supone realizar políticas
transversales desde todos los ámbitos, garantizar que nuestro estado de bienestar esté concebido en
unos principios y derechos inspiradores basados en la no discriminación y
asegurar que nuestro sistema sanitario, de servicios sociales y educativo están
basados en la igualdad.
